¿Qué derechos tienen los niños inmigrantes en las escuelas públicas de Estados Unidos?

En Estados Unidos, los niños y adolescentes tienen derecho a matricularse y participar en la educación pública primaria y secundaria, conocida como K-12, sin que su ciudadanía o estatus migratorio —ni el de sus padres o tutores— se use para negarles el acceso.

Esta protección se apoya en la decisión de la Corte Suprema en el caso Plyler v. Doe, del 15 de junio de 1982. El fallo impide que un estado excluya de la educación pública gratuita a menores por no tener estatus migratorio regular.

Acceso a la escuela pública

El distrito escolar puede solicitar información razonable para comprobar que el estudiante vive dentro de su zona de matrícula y para determinar la edad o el grado escolar. Por ejemplo, puede aceptar documentos de domicilio que use con todas las familias.

Pero no debe exigir prueba de ciudadanía, visa, residencia permanente, número de extranjero o documentos migratorios como condición para inscribir al menor. Tampoco puede usar una pregunta sobre el estatus migratorio para comprobar el domicilio. Si solicita un número de Seguro Social, la familia debe saber que entregarlo es voluntario y que negarse no puede impedir la matrícula.

La falta de certificado de nacimiento estadounidense no justifica rechazar la inscripción. Un documento extranjero puede servir cuando el distrito admite documentos equivalentes. Si la familia no tiene documentos habituales, conviene pedir por escrito qué alternativas acepta el distrito y guardar copia de cada respuesta.

Apoyo para quienes no dominan el inglés

Los estudiantes que están aprendiendo inglés tienen derecho a recibir servicios lingüísticos que les permitan participar de forma significativa en las clases, programas y actividades escolares. La escuela debe identificarlos de manera adecuada y ofrecer un programa de apoyo lingüístico con personal y recursos suficientes.

Las madres, padres y tutores con dominio limitado del inglés también deben poder entender información importante sobre matrícula, clases, reuniones, disciplina, educación especial y actividades. Según el caso, el distrito debe facilitar traducción escrita o interpretación oral para lograr una comunicación comprensible.

Derechos si el estudiante tiene una discapacidad

El estatus migratorio no elimina las protecciones por discapacidad. Un menor que reúna los requisitos puede recibir educación especial y servicios relacionados mediante un programa educativo individualizado. También puede tener derecho a ayudas y servicios bajo la Sección 504, incluso si no cumple los requisitos de educación especial.

La familia puede solicitar por escrito una evaluación si cree que el estudiante necesita apoyos por una discapacidad. La escuela debe aplicar sus procedimientos de evaluación y comunicar las decisiones de forma que la familia pueda comprenderlas.

Privacidad de los expedientes escolares

Los expedientes educativos están protegidos, en general, por la ley federal de privacidad estudiantil. Normalmente la escuela no puede divulgar información personal sin consentimiento escrito de la madre, padre, tutor o estudiante elegible.

Hay excepciones legales. Por ejemplo, la escuela puede divulgar información para cumplir una orden judicial o una citación válida, y en determinadas emergencias de salud o seguridad. Por ello, no es correcto afirmar que la ley impide toda entrega de información a autoridades: depende del tipo de registro, la solicitud recibida y las excepciones aplicables.

Las políticas federales sobre operaciones migratorias en o cerca de escuelas han cambiado desde enero de 2025. Las familias pueden pedir al distrito su protocolo vigente de acceso al plantel y manejo de solicitudes de agencias externas. Ese protocolo no sustituye el derecho del menor a asistir a la escuela pública.

¿Qué hacer ante una barrera o una negativa?

Como recomendación práctica, pida que la decisión, el documento solicitado y el motivo de la negativa se entreguen por escrito. No entregue información migratoria que no sea necesaria para la matrícula sin antes comprender por qué se solicita.

Solicite hablar con la persona responsable de matrícula, el director de la escuela o la oficina de derechos civiles del distrito. Si el problema continúa, puede presentar una queja ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de Estados Unidos por posible discriminación basada en origen nacional, dominio limitado del inglés o discapacidad. Una queja federal suele presentarse dentro de los 180 días calendario posteriores al hecho, aunque pueden existir excepciones.

Estas reglas se refieren principalmente a escuelas públicas de nivel elemental y secundario. La admisión a preescolar, escuelas privadas, universidades, programas de intercambio y estudios con visa puede tener normas distintas.